Denuncia AEPD

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Si desea denunciar una infracción a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal o en caso de recepción de comunicaciones electrónicas con naturaleza comercial, dentro de las competencias que atribuyen a la AEPD los artículos 35.3 y 43 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico y el artículo 58 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, puede utilizar este procedimiento.

Se necesita facilitar la mayor cuantía de información referente a los hechos denunciados y al supuesto causante para apresurar dicho trámite. La función de vigilar la ejecución de la ley y comprobar su aplicación es encomendada a la Agencia Española de Protección de Datos, y para ello dispone la autoridad de examinar e inhabilitar las infracciones que demuestre.

Si posee pruebas o pistas que demuestren que un hecho sea considerado como un incumplimiento de la Ley, usted puede realizar una denuncia haciendo saber a esta Agencia la presencia de esos hechos. Si está al tanto de que se está infringiendo la normativa, ya sea o no usted el afectado por este incumplimiento, puede presentar una denuncia. En ningún caso al momento de realizar la denuncia la AEPD le solicitará al denunciante si en verdad ha sido afectado por dicho incumplimiento.

 

En caso de que realice una denuncia y esta se lleve a cabo y el responsable resulte sancionado, no recibirá ninguna compensación económica. Si se ejecuta una sanción en efectivo para la empresa denunciada, el dinero va inmediatamente a la cartera de la AEPD. Si debido a un incumplimiento de la ley alguien haya salido afectado y considere que se le haya causado un perjuicio, esta persona debe ir directamente a los tribunales ordinarios, y no dirigirse a la AEPD.

Hay dos fases que dividen un procedimiento de denuncia ante la AEPD:

  • Investigaciones previas, en las que la AEPD recopila información para valorar si se ha incumplido o no la LOPD.
  • Procedimiento sancionador en sí, en el que se resuelve la hipotética sanción.

Por ley, la fase de actuaciones previas no tiene un plazo fijado, aunque usualmente puede ser un año. Por otro lado, no se puede exceder de 6 meses, entre que se determina su apertura y resolución, en el caso de la fase del procedimiento sancionador.

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